En el reciente trabajo del BID (2022) “Competir en la agroindustria, Estrategias empresariales y políticas públicas para los desafíos del siglo XXI”, se abordan interesantes pautas de trabajo para lograr la competitividad de sectores estratégicos. Haciendo click aquí podrá acceder a la web dónde se detallan todos los del caso argentino.
A fin de identificar, priorizar y proveer los bienes de interés público, el Estado no puede hacer la tarea solo, porque no tiene la información necesaria para identificar los obstáculos que deben ser atendidos, una estrecha colaboración público-privada es fundamental para detectar los problemas que limitan el desarrollo de un sector y sus posibles soluciones.
El éxito de las cadenas de valor, depende de que se ejecuten las soluciones identificadas. Por ello, tan importante como identificar problemas y potenciales soluciones es enfocarse en la ejecución, en ese sentido, conveniente establecer mecanismos que permitan ciclos cortos de retroalimentación, para que lo aprendido durante esa etapa se refleje en mejores diagnósticos.
Ante la pregunta ¿Quiénes deben participar en estos espacios de coordinación público-privado? Autores como Hausmann y Rodrik (2006) sugieren no predeterminar cuáles deben ser los sectores y actividades de antemano, ya que en un mundo tan cambiante aparecen oportunidades que no necesariamente se pueden prever. Proponen lo que llaman una “arquitectura abierta”, en donde las áreas de atención de los hacedores de política (que necesariamente tienen un ancho de banda limitado) vayan evolucionando a medida que aparecen nuevas oportunidades, y actores que se organicen para aprovecharlas. El mismo concepto se puede utilizar en la definición de los actores participantes en estos espacios de coordinación. Es deseable que participen empresarios con visión, representantes de gremios empresariales y pequeños productores. Esto es particularmente importante dado el objetivo de la inclusión productiva.
Una vez identificados los problemas y sus (probables) soluciones, se puede elaborar un plan de acción y asignar roles de ejecución a los distintos actores (públicos y privados) del sistema agroalimentario. Luego debe empezarse a implementar. Normalmente se requerirá de un articulador (típicamente público) que tenga el tablero de control y que lidere el día a día y monitoree la ejecución. Además, que se establezcan mecanismos para retroalimentar la hoja de ruta que permitan que lo aprendido durante la ejecución vaya enriqueciendo el plan inicial. También, mecanismos (por ejemplo, presupuestarios) que induzcan la cooperación de las distintas entidades públicas.
