Las estrategias de asociaciones público privadas, son definidas por la OCDE (2008), como un acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores) estos últimos proveen un servicio de manera tal que las metas de prestación del gobierno se encuentren alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad dependa de una adecuada transferencia de riesgos del sector privado.

Como suele suceder con muchos conceptos, existen diversas definiciones de la expresión “Asociación Público-Privada”. Actualmente, no hay una única definición aceptada de APP, y los países que han incorporado esta figura en sus legislaciones y procesos lo han hecho de manera diversa.

El BID (2020) entiende por APP a un contrato a largo plazo entre un ente privado y una entidad gubernamental para proporcionar un activo y un servicio, en el que el ente privado asume de manera significativa los riesgos inherentes al proyecto, es responsable de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño. Existen diferentes tipos de asociaciones que detallaremos más adelante.

¿Cuáles son los modelos de APP existentes según el BID?

En el documento de trabajo del BID, Alborta (2011), sostiene que a partir de dos décadas exitosas de experiencia con asociaciones público-privadas (APP) en otras regiones del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a interesarse por sus ventajas para la provisión de infraestructura y servicios públicos de manera integral. En virtud de la incorporación del sector privado, la región ha podido poner en marcha nuevos y novedosos modelos financieros, cuyo diseño, operación y mantenimiento han arrojado resultados positivos para las economías. Si bien la participación del sector privado en proyectos públicos no es nueva, el modelo de APP propone maneras nuevas y ambiciosas metas para la dinámica público-privada tradicional, y la lleva a un campo más amplio, participativo y efectivo para la provisión de infraestructura y servicios públicos. A partir de estos análisis realizaron las siguientes clasificaciones:

Tipos de activo (infraestructura pública a desarrollar y servicios a proveer)

Se trata de nuevos activos, denominados generalmente “nuevos proyectos” (greenfield), o proyectos ya existentes (brownfield), en los que se transfiere, al ente privado, la responsabilidad de financiar y gestionar (diseñar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, mantener, conservar y transferir) los activos nuevos o existentes, que servirán de apoyo para la prestación de servicios al ente gubernamental o al usuario final.

Funciones que asume el ente privado

Una característica central de un contrato de APP es que integra múltiples fases del desarrollo del proyecto. No obstante, las tareas de las que es responsable el ente privado varían y dependen del tipo de activo de infraestructura pública o servicio.